Algo estaremos haciendo bien. El PP, el partido al que todas las encuestas dan como ganador de las próximas elecciones generales con mayoría absoluta, nos está copiando las propuestas a nosotros, al partido que sólo tiene una diputada. La cosa viene ya de lejos, como muy bien contaba nuestra candidata a la Presidencia de Aragón, pero ha adquirido una relevancia inusitada justo ahora que se acercan las municipales y el PP está en su mejor momento en cuanto a perspectivas electorales.
En lo que llevamos de mes, el PP ya ha anunciado 3 propuestas defendidas desde hace tiempo por UPyD. La primera, la recuperación de competencias por parte del Estado central. De ésta ya se han desdicho, lo que va más en consonancia con su voto en contra en el Congreso cuando Rosa Díez lo propuso. Todo lo contrario que su actual defensa del recorte del gasto autonómico, que antes rechazaron y ahora apoyan esgrimiendo, casualmente, las mismas cifras que el estudio de UPyD (26.000 millones de sobrecoste). Pero si hay un caso especialmente sangrante es su actual propuesta estrella, gran protagonista de su convención nacional de ayer: la eliminación de los privilegios de los parlamentarios en cuanto a las pensiones. Rechazada dos veces por la mesa del Congreso, ahora la han convertido su principal arma electoral.
Conste que yo no tengo nada en contra de que el PP se sume a nuestras iniciativas. Al contrario. Yo creo que si lo hubieran hecho antes UPyD no sería necesario y nos podríamos ir todos a casa a disfrutar de la vida. Lo que no se puede admitir desde ninguna perspectiva ética es que las rechacen cuando nosotros las presentamos para poder apropiárselas tiempo después, atribuyéndose todo el mérito. Por un lado, dicen que somos demagogos e innecesarios, por el otro, vampirizan nuestras ideas más mediáticas. Un claro ejemplo de la prostitución política que viven en nuestro país los partidos tradicionales.
Quién sabe. Quizá dentro de poco los asesores de imagen del PP nos sorprendan con un Rajoy coqueto con mechas rubias y luciendo diseños de Ion Fiz. De todas formas, yo le animo a unirse a UPyD. No le garantizamos un cargo ni su inclusión en las listas electorales, pero podrá trabajar cuanto quiera por el bien de los ciudadanos sin necesidad de malas artes políticas. Aunque claro, no sé hasta qué punto ese es su objetivo.
domingo, 23 de enero de 2011
jueves, 20 de enero de 2011
Carta al director de Público, sobre la LOREG
Cómo no cambiar una ley electoral
Cuando tras las elecciones generales de 2008 la insultante desproporcionalidad de nuestro sistema electoral empezó a ocupar titulares en los medios, se anunció la creación de una subcomisión en el Congreso para tratar el tema. Una vez aprobada la reforma de la LOREG, ha quedado demostrado que tal subcomisión sólo fue creada para simular que se hacía algo de cara a la opinión pública hasta que el tema saliera de la agenda mediática, y así no tener que cambiar lo fundamental. Tras las reforma, seguimos como estábamos: a PP y PSOE les basta con unos 40.000 votos para conseguir un escaño, mientras que IU necesita casi 500.000 y UPyD 300.000; mi voto a un partido minoritario de ámbito nacional en Santander vale menos que el del bilbaíno que vota PNV; sólo los nacionalistas pueden decidir mayorías aunque partidos como IU tengan más respaldo popular… Todo ello, pese a que Consejo de Estado proponía varias medidas para mejorar el sistema, con el resultado de que ha quedado como un órgano inútil que sólo sirve para derrochar dinero público en tiempos de crisis. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos tomen el pelo?
Cuando tras las elecciones generales de 2008 la insultante desproporcionalidad de nuestro sistema electoral empezó a ocupar titulares en los medios, se anunció la creación de una subcomisión en el Congreso para tratar el tema. Una vez aprobada la reforma de la LOREG, ha quedado demostrado que tal subcomisión sólo fue creada para simular que se hacía algo de cara a la opinión pública hasta que el tema saliera de la agenda mediática, y así no tener que cambiar lo fundamental. Tras las reforma, seguimos como estábamos: a PP y PSOE les basta con unos 40.000 votos para conseguir un escaño, mientras que IU necesita casi 500.000 y UPyD 300.000; mi voto a un partido minoritario de ámbito nacional en Santander vale menos que el del bilbaíno que vota PNV; sólo los nacionalistas pueden decidir mayorías aunque partidos como IU tengan más respaldo popular… Todo ello, pese a que Consejo de Estado proponía varias medidas para mejorar el sistema, con el resultado de que ha quedado como un órgano inútil que sólo sirve para derrochar dinero público en tiempos de crisis. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos tomen el pelo?
jueves, 13 de enero de 2011
La Transición ha fracasado
Fíjense hasta que punto es cierto que el proceso de transición de la dictadura a la democracia ha sido un fracaso total, que en España llevamos ya más de 30 años así, transitando. Pero no como quien transita por un camino definido, sabiendo a dónde se dirige, sino como el que da vueltas en círculos sin llegar nunca a ninguna parte, haciendo que cada paso sea tan inútil como el anterior. Si la Transición es la etapa que va desde el final de la dictadura hasta el inicio de la democracia, está claro que nuestro sistema político se ha quedado encallado en un paso intermedio, si es que así puede considerarse a la partitocracia en la que nos hallamos. Las deficiencias de esta "no-democracia" son numerosas, pero intentaré centrarme en las que me parecen más importantes. Aquí retomaré el pensamiento del profesor Neira (tan denostado ahora porque sus ideas están en las antípodas del stablishment político y mediático, aunque estos hayan buscado excusas para hundirlo), que señala tres grandes problemas, y añadiré uno más que me parece igual de importante.
1. El poder legislativo no es un verdadero representante de la ciudadanía: ya hemos hablado muchas veces de lo antidemocrático de nuestro sistema electoral. La LOREG tiene como único objetivo consolidar el bipartidismo y ahogar cualquier posibilidad de abrir una tercera vía, además de tener como efecto colateral el excesivo peso de los escaños nacionalistas. Además, consagra las listas cerradas, cuya composición en la mayoría de los casos depende de las cúpulas de los partidos. En este sistema el diputado no se gana su cargo con su trabajo individual y por tanto no se debe a los ciudadanos sino a sus líderes; no trabaja para sus jefes en la calle sino para sus jefes en el partido. Son estos quienes deciden el voto de sus parlamentarios ante cualquier iniciativa legislativa, hurtando el debate que le es propio a las Cortes, que se convierten en un mero escenario para mítines. Por si fuera poco, para asegurarse de que no haya diputados díscolos, estos se enfrentan a posibles multas en el caso de no votar lo mismo que el resto de su grupo parlamentario. Multas que existen, y que incluso han sido consagradas por el TC, a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente (art. 67.2 CE). Por ello, porque los miembros del poder legislativo son meras marionetas de las cúpulas de los partidos, el parlamento no representa a los ciudadanos como es su deber.
Para solucionar este problema existen varias propuestas. Una posibilidad son las listas abiertas, que yo creo que podrían funcionar en circunscripciones pequeñas que asignen 4 ó 5 escaños, pero que tendrían un efecto minúsculo en circunscripciones grandes como Madrid. ¿De verdad algún madrileño va a analizar a todos los candidatos de todos los partidos para elegir a los 35 que más le gustan? No digamos ya si la circunscripción fuera nacional. El sistema mayoritario como el de el Reino Unido también permite elegir directamente al representante, pero está demostrado que es poco proporcional y que fomenta el bipartidismo. Por mi parte, soy partidario de un sistema como el alemán, que combina la posibilidad de elegir directamente a la mitad los diputados en circunscripciones uninominales, y la elección de la otra mitad en una circunscripción nacional, para corregir los fallos de proporcionalidad.
2. Los ciudadanos no pueden elegir a su presidente: ¿cuántas veces hemos oído a alguien decir algo como "yo voy a votar a Rajoy/Zapatero"? Cuando eso lo dice un madrileño, está diciendo algo más o menos cierto, pero no sólo hemos oído la expresión de la boca de ciudadanos de Madrid. Ésta es otra de las deficiencias de nuestro sistema político. Los ciudadanos no sólo no pueden elegir a sus representantes en el legislativo sino que tampoco pueden elegir al presidente del ejecutivo. Sin embargo, es esta cuestión la que en muchos casos decide el sentido de su voto, siendo el candidato a la presidencia el que monopoliza toda la atención y la actividad electoral. En estas circunstancias, el sistema parlamentario desvirtúa las elecciones legislativas convirtiéndolas en unas presidenciales encubiertas, cosa que nunca pasaría en un sistema presidencialista en el que ambas convocatorias electorales estuvieran adecuadamente distinguidas. En un sistema como ese nunca se daría el caso que se da en Cataluña, Canarias o Cantabria, Comunidades en la que la lista más votada (la del candidato con mayor respaldo popular, en última instancia) ha sido desplazada del gobierno por pactos postelectorales.
3. El poder judicial no es independiente: si el sistema parlamentario desemboca en una interferencia entre el legislativo y el ejecutivo, no debemos olvidar la completa instrumentalización que los partidos han hecho del poder judicial. Son los grupos parlamentarios quienes eligen a los miembros del principal órgano judicial (CGPJ, desde el que controlan a los demás) basándose en criterios partidistas, como demuestra su frecuente división entre un bloque "conservador" y uno "progresista". Así, los partidos se aseguran de que las leyes serán interpretadas de acuerdo a ideologías concretas, cuando esta tarea debería regirse por criterios distintos al del pensamiento político. Otra interferencia más que termina por eliminar del todo la separación de poderes, una de las bases de toda democracia.
Quizá podríamos resumir estos tres males en uno sólo, el de las listas cerradas. A través de ellas, los partidos controlan el poder legislativo, y a través de éste, a los otros dos poderes, constituyendo un fraude democrático más propio de una república bananera que de un país de la Europa occidental. Sin embargo, la cosa no acaba aquí.
4. Nuestro sistema educativo no forma ciudadanos libres, sino súbditos. ¿Qué clase de democracia es aquella en la que los ciudadanos no están informados de sus derechos y de cómo ejercerlos? ¿Cómo van a juzgar los ciudadanos la acción de sus representantes si no tienen la formación y los conocimientos que hacen falta para reinterpretar los mensajes que lanzan los políticos y medios de comunicación? La cultura no es sólo un medio de entretenimiento ni un añadido que hace a las personas más interesantes, es un instrumento fundamental para hacer libres a las personas. Y si al pésimo nivel cultural que se transmite en nuestras aulas le añadimos los valores que promociona el sistema educativo, encontramos el origen de muchos de los problemas de España: nula valoración del esfuerzo, ningún interés por el pensamiento individual, igualitarismo a la baja, acomodamiento, provincianismo... valores todos ellos de dudosa compatibilidad con la democracia.
Muchas veces olvidamos el poder de la educación para determinar el futuro de las naciones. Yo, por el contrario, opino que un sistema educativo competitivo y eficiente es la base imprescindible sobre la que cimentar cualquier éxito personal o colectivo. Es este cuarto problema el que, de solucionarse, acabaría solucionando a la larga los otros tres. El día en que los españoles tengan garantizado un alto nivel educativo se darán cuenta de los abusos a los que son sometidos día tras día y la Transición podrá, por fin, concluir.
1. El poder legislativo no es un verdadero representante de la ciudadanía: ya hemos hablado muchas veces de lo antidemocrático de nuestro sistema electoral. La LOREG tiene como único objetivo consolidar el bipartidismo y ahogar cualquier posibilidad de abrir una tercera vía, además de tener como efecto colateral el excesivo peso de los escaños nacionalistas. Además, consagra las listas cerradas, cuya composición en la mayoría de los casos depende de las cúpulas de los partidos. En este sistema el diputado no se gana su cargo con su trabajo individual y por tanto no se debe a los ciudadanos sino a sus líderes; no trabaja para sus jefes en la calle sino para sus jefes en el partido. Son estos quienes deciden el voto de sus parlamentarios ante cualquier iniciativa legislativa, hurtando el debate que le es propio a las Cortes, que se convierten en un mero escenario para mítines. Por si fuera poco, para asegurarse de que no haya diputados díscolos, estos se enfrentan a posibles multas en el caso de no votar lo mismo que el resto de su grupo parlamentario. Multas que existen, y que incluso han sido consagradas por el TC, a pesar de que la Constitución lo prohíbe expresamente (art. 67.2 CE). Por ello, porque los miembros del poder legislativo son meras marionetas de las cúpulas de los partidos, el parlamento no representa a los ciudadanos como es su deber.
Para solucionar este problema existen varias propuestas. Una posibilidad son las listas abiertas, que yo creo que podrían funcionar en circunscripciones pequeñas que asignen 4 ó 5 escaños, pero que tendrían un efecto minúsculo en circunscripciones grandes como Madrid. ¿De verdad algún madrileño va a analizar a todos los candidatos de todos los partidos para elegir a los 35 que más le gustan? No digamos ya si la circunscripción fuera nacional. El sistema mayoritario como el de el Reino Unido también permite elegir directamente al representante, pero está demostrado que es poco proporcional y que fomenta el bipartidismo. Por mi parte, soy partidario de un sistema como el alemán, que combina la posibilidad de elegir directamente a la mitad los diputados en circunscripciones uninominales, y la elección de la otra mitad en una circunscripción nacional, para corregir los fallos de proporcionalidad.
2. Los ciudadanos no pueden elegir a su presidente: ¿cuántas veces hemos oído a alguien decir algo como "yo voy a votar a Rajoy/Zapatero"? Cuando eso lo dice un madrileño, está diciendo algo más o menos cierto, pero no sólo hemos oído la expresión de la boca de ciudadanos de Madrid. Ésta es otra de las deficiencias de nuestro sistema político. Los ciudadanos no sólo no pueden elegir a sus representantes en el legislativo sino que tampoco pueden elegir al presidente del ejecutivo. Sin embargo, es esta cuestión la que en muchos casos decide el sentido de su voto, siendo el candidato a la presidencia el que monopoliza toda la atención y la actividad electoral. En estas circunstancias, el sistema parlamentario desvirtúa las elecciones legislativas convirtiéndolas en unas presidenciales encubiertas, cosa que nunca pasaría en un sistema presidencialista en el que ambas convocatorias electorales estuvieran adecuadamente distinguidas. En un sistema como ese nunca se daría el caso que se da en Cataluña, Canarias o Cantabria, Comunidades en la que la lista más votada (la del candidato con mayor respaldo popular, en última instancia) ha sido desplazada del gobierno por pactos postelectorales.
3. El poder judicial no es independiente: si el sistema parlamentario desemboca en una interferencia entre el legislativo y el ejecutivo, no debemos olvidar la completa instrumentalización que los partidos han hecho del poder judicial. Son los grupos parlamentarios quienes eligen a los miembros del principal órgano judicial (CGPJ, desde el que controlan a los demás) basándose en criterios partidistas, como demuestra su frecuente división entre un bloque "conservador" y uno "progresista". Así, los partidos se aseguran de que las leyes serán interpretadas de acuerdo a ideologías concretas, cuando esta tarea debería regirse por criterios distintos al del pensamiento político. Otra interferencia más que termina por eliminar del todo la separación de poderes, una de las bases de toda democracia.
Quizá podríamos resumir estos tres males en uno sólo, el de las listas cerradas. A través de ellas, los partidos controlan el poder legislativo, y a través de éste, a los otros dos poderes, constituyendo un fraude democrático más propio de una república bananera que de un país de la Europa occidental. Sin embargo, la cosa no acaba aquí.
4. Nuestro sistema educativo no forma ciudadanos libres, sino súbditos. ¿Qué clase de democracia es aquella en la que los ciudadanos no están informados de sus derechos y de cómo ejercerlos? ¿Cómo van a juzgar los ciudadanos la acción de sus representantes si no tienen la formación y los conocimientos que hacen falta para reinterpretar los mensajes que lanzan los políticos y medios de comunicación? La cultura no es sólo un medio de entretenimiento ni un añadido que hace a las personas más interesantes, es un instrumento fundamental para hacer libres a las personas. Y si al pésimo nivel cultural que se transmite en nuestras aulas le añadimos los valores que promociona el sistema educativo, encontramos el origen de muchos de los problemas de España: nula valoración del esfuerzo, ningún interés por el pensamiento individual, igualitarismo a la baja, acomodamiento, provincianismo... valores todos ellos de dudosa compatibilidad con la democracia.
Muchas veces olvidamos el poder de la educación para determinar el futuro de las naciones. Yo, por el contrario, opino que un sistema educativo competitivo y eficiente es la base imprescindible sobre la que cimentar cualquier éxito personal o colectivo. Es este cuarto problema el que, de solucionarse, acabaría solucionando a la larga los otros tres. El día en que los españoles tengan garantizado un alto nivel educativo se darán cuenta de los abusos a los que son sometidos día tras día y la Transición podrá, por fin, concluir.
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