Sin que haya resolución todavía sobre la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía de Cataluña, recurrido en muchos de los artículos que hablan de temas lingüísticos, el Tribunal Constitucional ha dado vía libre a la nueva ley de educación catalana, que suprime la tercera hora semanal de lengua castellana, algo que ya se venía haciendo en la práctica desde hace tiempo. Llegamos a un punto en el que la legalidad parece no tener ningún valor, cuando se hace legal una situación totalmente ilegal y a muchos les parece normal, por el simple hecho de que se ha hecho durante años. Eso sí, si mañana el parlamento valenciano aprobara una ley que conviertiera en legales todas las ilegalidades de las que se acusa a Camps, hasta los leones del Congreso pondrían el grito en el cielo. Porque con la educación y los derechos individuales se puede jugar, pero los dineros que no me los toque nadie.
Con la nueva ley, las aulas catalanas sólo tendrán el español como lengua vehicular durante dos horas a la semana. El resto será en catalán, a excepción de las lenguas extranjeras, entre las que a muchos les gustaría incluír el castellano. Dicen los responsables de esta ley que la enseñanza del castellano en Cataluña está garantizada. Vale, pero ¿y el aprendizaje? ¿Está garantizado que los estudiantes acabarán su enseñanza obligatoria con un nivel de dominio de la lengua del Estado suficiente? Porque el "mi mamá me mima" nos lo sabemos todos, pero a saber cuántos alumnos salen de la ESO sabiendo lo que es la sicalipsis. O por qué un participio y un adjetivo no son lo mismo.
Y, aunque el aprendizaje del castellano fuera óptimo, esa no es la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que ésta es una piedra más en el enorme muro nacionalista. Un muro destinado a separar todo lo que huela a español y excluírlo de Cataluña. Porque, por mucho que se empeñen algunos, el problema (aún) no está en las calles, sino a nivel institucional. En la calle nadie se lleva una paliza por hablar castellano, pero en las instituciones se discrimina todos los días a cualquier español que quiera acceder a una plaza de funcionario público por el simple hecho de no dominar el catalán, aunque ese dominio no sea ni remotamente necesario para el desempeño de su trabajo. Y eso por poner un ejemplo. Todo en haras de proteger una lengua que sobrevivió a 40 años de prohibición, y de mantener unas supuestas señas de identidad nacional que deberían ser patrimonio de los ciudadanos y no de los políticos. Porque no me negarán que hay pocas cosas más autoritarias que el que una institución le diga a los ciudadanos cuál es su identidad.
¿Y el TC? ¿Por qué da vía libre a una ley que, para empezar, vulnera el artículo 6.3 de la LOE? Ya saben, ese que establece que el Ministerio de Educación fijará el 55% de los contenidos y los horarios mínimos para las comunidades con dos lenguas oficiales, y en virtud del cual se fijó el mínimo de tres horas semanales de lengua castellana en las aulas catalanas. Pues probablemente los magistrados hayan actuado, una vez más, como los delegados de los partidos políticos que son, en vez de como los garantes del cumplimiento de la ley que deberían ser. A mí sólo se me ocurren dos soluciones: o que el Estado recupere la competencia de fijar la totalidad de los horarios y contenidos en la enseñanza, o llevar a cabo una profunda reforma de la Justicia para hacerla totalmente independiente del poder político. Si sólo se me permitiera escoger una (por mí llevaría a cabo las dos), me quedaría con la segunda. La otra es más discutible, pero lo que no admite debate alguno a estas alturas es que una estricta separación de poderes es una condición indispensable para poder hablar de Estado Democrático. No sé hasta cuando tendremos que conformarnos en España con esta pseudodemocracia que tenemos desde la transición y que debería haber sido eso, de transición hacia una Democracia de verdad. Ya es hora de levantar la voz.
