"Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Artículo 61:
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
2. Se considerarán, en todo caso, decisiones gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares."
Ésto es lo que dice la ley, ni más ni menos. La moción presentada este martes por Rosa Díez, diputada de UPyD, se apoyaba en ella para exigir al Gobierno la disolución inmediata de los 42 ayuntamientos gobernados por ANV en el País Vasco y Navarra, pero fue rechazada por 188 votos en contra frente a 143 votos a favor. El Gobierno y sus "leales" (que, cómo no, han sido los nacionalistas) argumentaron para ello que la citada ley era inadecuada en la forma en que está redactada actualmente, y que la única vía posible para expulsar a ANV de las instituciones es promover mociones de censura contra sus alcaldes en aquellos consistorios en los que gobiernen con mayoría simple, y reformar la ley para poder disolver el resto. Pero, ¿es realmente inadecuada la ley actual? Yo, que no soy ni mucho menos jurista, pero que he leído el artículo 61 de la ley con mucha atención, sostengo que no.
En primer lugar, y como dijo Rosa Díez en su exposición de motivos, ANV es una formación que forma parte de una organización terrorista y, por ello, el simple hecho de formar parte de ANV supone formar parte de ETA. ¿Cabe mayor actuación de apoyo expreso al terrorismo que formar parte de una banda terrorista? El simple hecho de que ANV esté gobernando un ayuntamiento ya supone una gestión gravemente dañosa para los intereses generales según lo que estipula el 61.2.
Otra de las pegas del Gobierno es que es que la ley se refiere a las actuaciones de las corporaciones en conjunto, y no a las del partido que lo gobierna. Error. La ley se refiere textualmente a "los órganos de las corporaciones locales", lo cual incluye tanto al pleno del ayuntamiento como a la alcaldía. En el caso de los municipios gobernados por ANV, la alcaldía es quien apoya expresamente el terrorismo, y eso ya justificaría la actuación del gobierno.
Por último, el PSOE alega que la disolución en bloque es inviable, y que habría que actuar contra cada ayuntamiento de manera individual. Evidentemente. Por eso habría que redactar un Real Decreto para cada uno, a no ser que quieran ahorrar papel y tinta con esto de la crisis.
En fin, que agradeceré la corrección de cualquier licenciado en Derecho que se pase por este blog, pero yo lo tengo claro. Rosa Díez ha demostrado ser la diputada más comprometida con su cargo que hay en este Congreso de vividores que tenemos, aunque quienes demoran la disolución de los ayuntamientos de ANV con las elecciones vascas en la cabeza la tilden de oportunista y de utilizar el terrorismo con fines electorales. Y, aunque su moción estuviera basada en una ley insuficiente, ella seguiría siendo la primera diputada en mover un dedo para aislar a ANV, ya que presentó una proposición no de ley con ese objetivo en mayo. Hace 7 meses, cuando el Gobierno no movió un dedo para reformar esa ley tan inútil.